El director general del Libro afirma que el "precio fijo es la regla de oro" del ministerio
La cabeza del libro
Rogelio Blanco - Director General del Libro - Foto FERVA 05
Los editores muestran su preocupación por la escasa dotación de las bibliotecas
Fuente: Diario EL PAIS 7 Julio 2005
Rosa Mora - Santander
El 21º Encuentro sobre la Edición se inició ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander con el peso de las duras declaraciones que el martes hicieron editores como Antonio López Lamadrid (Tusquets), Jesús Badenes (Planeta) y Ricardo Cavallero (Random House Mondadori), que pidieron que se defina de una vez por todas la política del libro del Ministerio de Cultura. El director general del Libro, Rogelio Blanco, aguantó el chaparrón con entereza y pesadumbre y manifestó la acérrima defensa del precio fijo. El presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y de Santillana, Emiliano Martínez, hizo una radiografía del estado de las bibliotecas públicas españolas que puso los pelos de punta.
La situación del sector editorial y de los libreros es tan complicada que El Corte Inglés, que ha decidido aplicar el 25% de descuentos en los libros de texto como hacen otras grandes superficies, envió a Santander a uno de sus representantes para "dar la cara", como dijo Ramón Pernas, director de Ámbito Cultural-El Corte Inglés, "y todas las explicaciones que se requieran". Un gesto que, admitieron los editores, les honra. Pernas fue claro y directo. "Somos partidarios del precio fijo del libro y puedo decir que el 99,9% de los libros que se venden en las librerías de El Corte Inglés respetan y mantienen el precio fijo estipulado por los editores". Respecto al 25% de descuentos que van a aplicar en la próxima campaña escolar, fue sucinto: "El mercado tiene sus reglas y estamos en el mercado". Pernas explicó que los grandes almacenes que representa no sólo son libreros sino también activistas culturales a través de sus espacios Ámbito Cultural. "Somos solidarios y coherentes y no estamos rompiendo ninguna regla del juego", afirmó.
El director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, admitió que había cambiado su discurso a partir de las declaraciones de los "tres tenores", como se denomina ya en Santander a Badenes, López Lamadrid y Cavallero. Sus palabras, destacando lo más positivo del mundo del libro, y la respuesta de Emiliano Martínez, en representación de los editores, constituyeron un fino duelo de caballeros.
Martínez habló de lo que centra este Encuentro de la Edición: la tarea de conseguir lectores y las bibliotecas. Recordó, dirigiéndose específicamente a Blanco, que un antecesor suyo en el cargo, Jaime Salinas, dijo ya hace más de 20 años que era absolutamente necesario contar con "bibliotecas bien dotadas de libros como palanca de mejora y recuperación de nuestro atraso en hábitos culturales y de desarrollo y a la vez de una mejor edición".
Datos alarmantes
Los datos que aportó Martínez son alarmantes, a pesar de que, como reconoció, se ha avanzado mucho en el tema de las bibliotecas públicas. El número de libros por habitante, según datos de 2003, es del 1,1%, "más o menos la mitad de los que establece la entidad internacional de referencia, la IFLA (Asociación Internacional de Bibliotecarios) y la Unesco". "Una sola comunidad autónoma, [Navarra] entre las 17, está en el nivel recomendado, y otras dos lo rozan".
No por más o menos sabidos dejaron de impresionar los datos que aportó: el 42% de los libros de las bibliotecas públicas son anteriores a 1980 y de ellos, el 24% fueron adquiridos en la década de los ochenta; los gastos corrientes de las bibliotecas públicas supusieron en 2003 tan sólo un 6,54 euros por habitante; y a los asistentes al encuentro se les abrieron los ojos como platos: sólo se dedicó a la compra de libros 88 céntimos de euro por habitante. Esto no va nada bien, se respiró en el Palacio de la Magdalena.
Martínez valoró las campañas de fomento de la lectura que se realizan, pero fue contundente. "No más campañas de fomento sólo de comunicación y estímulo. Ha sido una fase positiva y necesaria, pero claramente insuficiente ante la magnitud del reto".
El director general del Libro, Rogelio Blanco, aportó una visión más optimista y habló de la batería de logros: el sector editorial ha experimentado (a 2003) un crecimiento del 4,4%; el comercio exterior tiene un balance más positivo; las bibliotecas públicas ofrecen servicios gratuitos; el índice de lectura se sitúa, por primera vez, en un 57,2% de los españoles que leen con cierta frecuencia; el 55,5% de los libros se venden en librerías y cadenas de librerías y ha disminuido la venta en las grandes superficies; Cultura está trabajando en el fomento de la lectura junto a otros ministerios; por primera vez, también, en la nueva Ley de Educación aparece la referencia de la creación de bibliotecas escolares...
"Todo esto no puede hacerse en un día", afirmó Blanco. En referencia a la ruptura del precio fijo que ha hecho Ediciones B con su colección de bolsillo Byblos, que, según los editores, es un saldo encubierto, afirmó Blanco la urgente necesidad de una Ley del Libro con "capacidad de sanciones efectivas". También señaló a los editores que tanto ellos como los libreros o la propia Administración pueden recurrir al Tribunal de la Competencia.
Recordó asimismo que en lo que se refiere a bibliotecas el Estado ha transferido las competencias a comunidades autónomas y municipios. Pero, según Martínez, es al Ministerio de Cultura a quien "corresponde liderar intelectual y económicamente un plan director que eleve de una vez por todas la deprimida realidad que se arrastra".
Blanco insistió en la defensa del precio fijo del libro y aseguró que es uno de los puntos cardinales de la nueva Ley del Libro, que "se está elaborando con la participación de todos los sectores del libro". El articulado, afirmó, está muy avanzado y habrá un borrador en otoño, que, eso sí, tendrá una tramitación larga, porque deberá pasar numerosos filtros.
"Para cuando esté la ley, según andamos, se habrá ido a tomar viento el precio fijo de los libros", afirmaron algunos editores, que insisten en la "desconcertante pasividad" del Ministerio de Cultura.
El último plazo y el primer encuentro
En un encuentro de editores para tratar de las bibliotecas era inevitable que saliera el tema maldito: el canon que se habrá de pagar por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas. El director general del Libro, Rogelio Blanco, no lo rehuyó. "Un país, como España, que pertenece a un organismo supranacional, tiene compensaciones positivas, pero a cambio, y por decirlo de alguna manera, tiene que renunciar a una cierta soberanía. El canon obligado por el préstamo de libros en las bibliotecas no nos llega en un buen momento, cuando estamos intentando potenciar las bibliotecas. Hemos recurrido, hemos conseguido retrasos, hemos intentado todo, pero se acabó el plazo. Nos llegará a final de año y no nos tocará más remedio que cumplir. De lo contrario, la penalización diaria que sufriremos es de 300.000 euros". Lo explicó con enorme tristeza y preocupación. No hay escapatoria, España recibe aún ayudas de la Unión Europea y le descontarían el importe de la multa.
Blanco remachó que las bibliotecas públicas ofrecen servicios gratuitos. ¿Quién va a pagar realmente ese canon a partir del 1 de enero? Las espadas están en alto y tenemos trifulca, una más, asegurada.
Las gentes del libro viven o sufren una excitación superior a la que provocó el Gobierno del PP cuando impuso la más o menos, más que menos según se está viendo, liberalización de los descuentos en los libros de texto. Hoy, por fin y si la autoridad competente no lo aplaza, se reúnen los representantes de los libreros con la ministra de Cultura, Carmen Calvo. La cosa está que arde. Desde que el resignado y cooperador Fernando Rodríguez Lafuente, director general del Libro con el Gobierno del PP, tuvo que apechugar con la famosa/maldita liberalización de los descuentos en el precio de los libros de texto, no se vivía en el sector editorial y librero una situación de tanta angustia y preocupación.
Rogelio Blanco - Director General del Libro - Foto FERVA 05
Los editores muestran su preocupación por la escasa dotación de las bibliotecas
Fuente: Diario EL PAIS 7 Julio 2005
Rosa Mora - Santander
El 21º Encuentro sobre la Edición se inició ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander con el peso de las duras declaraciones que el martes hicieron editores como Antonio López Lamadrid (Tusquets), Jesús Badenes (Planeta) y Ricardo Cavallero (Random House Mondadori), que pidieron que se defina de una vez por todas la política del libro del Ministerio de Cultura. El director general del Libro, Rogelio Blanco, aguantó el chaparrón con entereza y pesadumbre y manifestó la acérrima defensa del precio fijo. El presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y de Santillana, Emiliano Martínez, hizo una radiografía del estado de las bibliotecas públicas españolas que puso los pelos de punta.
La situación del sector editorial y de los libreros es tan complicada que El Corte Inglés, que ha decidido aplicar el 25% de descuentos en los libros de texto como hacen otras grandes superficies, envió a Santander a uno de sus representantes para "dar la cara", como dijo Ramón Pernas, director de Ámbito Cultural-El Corte Inglés, "y todas las explicaciones que se requieran". Un gesto que, admitieron los editores, les honra. Pernas fue claro y directo. "Somos partidarios del precio fijo del libro y puedo decir que el 99,9% de los libros que se venden en las librerías de El Corte Inglés respetan y mantienen el precio fijo estipulado por los editores". Respecto al 25% de descuentos que van a aplicar en la próxima campaña escolar, fue sucinto: "El mercado tiene sus reglas y estamos en el mercado". Pernas explicó que los grandes almacenes que representa no sólo son libreros sino también activistas culturales a través de sus espacios Ámbito Cultural. "Somos solidarios y coherentes y no estamos rompiendo ninguna regla del juego", afirmó.
El director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, admitió que había cambiado su discurso a partir de las declaraciones de los "tres tenores", como se denomina ya en Santander a Badenes, López Lamadrid y Cavallero. Sus palabras, destacando lo más positivo del mundo del libro, y la respuesta de Emiliano Martínez, en representación de los editores, constituyeron un fino duelo de caballeros.
Martínez habló de lo que centra este Encuentro de la Edición: la tarea de conseguir lectores y las bibliotecas. Recordó, dirigiéndose específicamente a Blanco, que un antecesor suyo en el cargo, Jaime Salinas, dijo ya hace más de 20 años que era absolutamente necesario contar con "bibliotecas bien dotadas de libros como palanca de mejora y recuperación de nuestro atraso en hábitos culturales y de desarrollo y a la vez de una mejor edición".
Datos alarmantes
Los datos que aportó Martínez son alarmantes, a pesar de que, como reconoció, se ha avanzado mucho en el tema de las bibliotecas públicas. El número de libros por habitante, según datos de 2003, es del 1,1%, "más o menos la mitad de los que establece la entidad internacional de referencia, la IFLA (Asociación Internacional de Bibliotecarios) y la Unesco". "Una sola comunidad autónoma, [Navarra] entre las 17, está en el nivel recomendado, y otras dos lo rozan".
No por más o menos sabidos dejaron de impresionar los datos que aportó: el 42% de los libros de las bibliotecas públicas son anteriores a 1980 y de ellos, el 24% fueron adquiridos en la década de los ochenta; los gastos corrientes de las bibliotecas públicas supusieron en 2003 tan sólo un 6,54 euros por habitante; y a los asistentes al encuentro se les abrieron los ojos como platos: sólo se dedicó a la compra de libros 88 céntimos de euro por habitante. Esto no va nada bien, se respiró en el Palacio de la Magdalena.
Martínez valoró las campañas de fomento de la lectura que se realizan, pero fue contundente. "No más campañas de fomento sólo de comunicación y estímulo. Ha sido una fase positiva y necesaria, pero claramente insuficiente ante la magnitud del reto".
El director general del Libro, Rogelio Blanco, aportó una visión más optimista y habló de la batería de logros: el sector editorial ha experimentado (a 2003) un crecimiento del 4,4%; el comercio exterior tiene un balance más positivo; las bibliotecas públicas ofrecen servicios gratuitos; el índice de lectura se sitúa, por primera vez, en un 57,2% de los españoles que leen con cierta frecuencia; el 55,5% de los libros se venden en librerías y cadenas de librerías y ha disminuido la venta en las grandes superficies; Cultura está trabajando en el fomento de la lectura junto a otros ministerios; por primera vez, también, en la nueva Ley de Educación aparece la referencia de la creación de bibliotecas escolares...
"Todo esto no puede hacerse en un día", afirmó Blanco. En referencia a la ruptura del precio fijo que ha hecho Ediciones B con su colección de bolsillo Byblos, que, según los editores, es un saldo encubierto, afirmó Blanco la urgente necesidad de una Ley del Libro con "capacidad de sanciones efectivas". También señaló a los editores que tanto ellos como los libreros o la propia Administración pueden recurrir al Tribunal de la Competencia.
Recordó asimismo que en lo que se refiere a bibliotecas el Estado ha transferido las competencias a comunidades autónomas y municipios. Pero, según Martínez, es al Ministerio de Cultura a quien "corresponde liderar intelectual y económicamente un plan director que eleve de una vez por todas la deprimida realidad que se arrastra".
Blanco insistió en la defensa del precio fijo del libro y aseguró que es uno de los puntos cardinales de la nueva Ley del Libro, que "se está elaborando con la participación de todos los sectores del libro". El articulado, afirmó, está muy avanzado y habrá un borrador en otoño, que, eso sí, tendrá una tramitación larga, porque deberá pasar numerosos filtros.
"Para cuando esté la ley, según andamos, se habrá ido a tomar viento el precio fijo de los libros", afirmaron algunos editores, que insisten en la "desconcertante pasividad" del Ministerio de Cultura.
El último plazo y el primer encuentro
En un encuentro de editores para tratar de las bibliotecas era inevitable que saliera el tema maldito: el canon que se habrá de pagar por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas. El director general del Libro, Rogelio Blanco, no lo rehuyó. "Un país, como España, que pertenece a un organismo supranacional, tiene compensaciones positivas, pero a cambio, y por decirlo de alguna manera, tiene que renunciar a una cierta soberanía. El canon obligado por el préstamo de libros en las bibliotecas no nos llega en un buen momento, cuando estamos intentando potenciar las bibliotecas. Hemos recurrido, hemos conseguido retrasos, hemos intentado todo, pero se acabó el plazo. Nos llegará a final de año y no nos tocará más remedio que cumplir. De lo contrario, la penalización diaria que sufriremos es de 300.000 euros". Lo explicó con enorme tristeza y preocupación. No hay escapatoria, España recibe aún ayudas de la Unión Europea y le descontarían el importe de la multa.
Blanco remachó que las bibliotecas públicas ofrecen servicios gratuitos. ¿Quién va a pagar realmente ese canon a partir del 1 de enero? Las espadas están en alto y tenemos trifulca, una más, asegurada.
Las gentes del libro viven o sufren una excitación superior a la que provocó el Gobierno del PP cuando impuso la más o menos, más que menos según se está viendo, liberalización de los descuentos en los libros de texto. Hoy, por fin y si la autoridad competente no lo aplaza, se reúnen los representantes de los libreros con la ministra de Cultura, Carmen Calvo. La cosa está que arde. Desde que el resignado y cooperador Fernando Rodríguez Lafuente, director general del Libro con el Gobierno del PP, tuvo que apechugar con la famosa/maldita liberalización de los descuentos en el precio de los libros de texto, no se vivía en el sector editorial y librero una situación de tanta angustia y preocupación.
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